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Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral.

Este convenio, es una medida más, que intenta paliar esas desigualdades con las que se encuentran las personas especialmente vulnerables, en concreto las personas con alguna discapacidad que implique especiales dificultades de inserción laboral.

¿Quiénes pueden acogerse a este convenio? El Real Decreto considera que son aquellas personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; y aquellas personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Con este RD se incluyen en el sistema de la seguridad social a  través del instituto jurídico del convenio especial, a las personas antes citadas a los efectos de la cobertura de las prestaciones por jubilación y por muerte y supervivencia en una situación asimilada a la de alta.

¿Qué efectos prácticos tiene suscribirse a este convenio? 

Las personas que suscriban el convenio, a través del pago mensual de sus cuotas a la seguridad social, están generando el derecho futuro a una posible pensión de jubilación,  de viudedad… Este convenio resulta especialmente interesante para aquellas personas que cumpliendo los requisitos, tengan determinados años de su vida cotizados pero insuficientes para poder generar el derecho a la pensión de jubilación por ejemplo, ya que les permite completar su periodo de cotización aportando ellos mismos la cuota a la Seguridad Social.

Puede no resultar tan beneficioso a aquellas personas discapacitadas que no tengan previsión de casarse o tener hijos (ya que nunca generarán para una tercera persona una prestación de las denominadas como prestaciones por muerte y supervivencia), o aquellas lejanas a alcanzar 15 años de cotización y una edad mínima para la jubilación de 52 años (edad mínima para la jubilación de personas con discapacidad una vez aplicados los coeficiente reductores); si bien es cierto que este convenio puede entenderse como una forma de “ahorro” mensual que en un futuro podrá dar lugar a unos ingresos mensuales a través de una prestación contributiva.

En definitiva, se trata de un paso adelante en materia de protección y equilibrio para las personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción laboral, que en algunos casos puede resultar muy positiva, pero no de manera generalizada.

 

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